El Departamento de Justicia toma medidas para privar de la ciudadanía a 17 personas acusadas de ocultar delitos graves
Al parecer, el grupo mintió durante el proceso de naturalización sobre delitos que van desde el abuso sexual de menores hasta el fraude por valor de varios millones de dólares
El Departamento de Justicia anunció el lunes que está tomando medidas para revocar la ciudadanía de 17 personas que presuntamente obtuvieron la naturalización mediante fraude o engaño.
Estas personas, procedentes de 13 países diferentes, están acusadas de conductas delictivas graves, entre las que se incluyen el abuso sexual de menores, el tráfico de estupefacientes y el fraude financiero a gran escala.
Según se informa, casi todas estas personas mintieron durante el proceso de naturalización, alegando que no habían cometido ningún delito del que las autoridades no tuvieran conocimiento, afirmaciones que posteriormente se comprobó que eran falsas o engañosas. Al realizar declaraciones falsas, las autoridades sostienen que no cumplieron con el requisito legal de «buena conducta moral» exigido para la ciudadanía estadounidense en virtud de la legislación federal.
«Obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio y, bajo el firme liderazgo del presidente Trump, este Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero ante el abuso de este proceso», declaró el fiscal general en funciones, Todd Blanche, en un comunicado.
«La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse con honestidad. Si viene aquí, incumple nuestras leyes y miente en sus trámites de inmigración, pierde ese privilegio», añadió el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
Según el comunicado, los acusados son en su gran mayoría adultos de mediana edad o mayores, con edades comprendidas entre los 39 y los 69 años, y proceden de 13 países de todo el mundo.
Nueve procedían del Caribe y de América del Norte, incluyendo Cuba, Haití, Jamaica, la República Dominicana, Trinidad y Tobago y México. Dos procedían de Colombia, en América del Sur. Uno procedía de la antigua Yugoslavia, en Europa. Tres procedían de Asia, incluyendo India, China y Filipinas, y dos procedían de África, incluyendo Somalia y el Congo.
Las autoridades indicaron que a muchos de los solicitantes se les preguntó bajo juramento si alguna vez habían cometido un delito por el que aún no hubieran sido detenidos. Según las autoridades, muchas de estas personas presuntamente proporcionaron declaraciones falsas durante sus entrevistas, lo que permitió que se aprobaran sus solicitudes.
El presunto delito más común entre los acusados es el abuso sexual infantil. Seis de las 17 personas —aproximadamente el 35 %— fueron identificadas en relación con delitos sexuales contra menores, incluyendo la violación de menores y la recepción de imágenes explícitas en las que aparecían menores.
Un caso destacado fue el de un sacerdote católico que presuntamente utilizó su posición de confianza para captar y abusar de un menor.
Los casos de fraude también implicaban tramas a gran escala, por valor de varios millones de dólares.
Uno de ellos supuestamente implicaba 54 millones de dólares en fraude de valores y transferencias bancarias. Otro se centró en reclamaciones fraudulentas por valor de 36,7 millones de dólares facturadas a Blue Cross Blue Shield a través de clínicas de fisioterapia falsas. En un caso independiente, se acusó a una persona de utilizar fondos heredados vinculados a un cártel de la droga colombiano para financiar transacciones inmobiliarias, mientras que a otro acusado también se le imputó el robo de millones de dólares de un casino tribal de Florida.
Varias personas presuntamente falsificaron sus identidades en un intento por eludir el sistema de inmigración, según informó el Departamento de Justicia. Se acusa a cuatro personas de utilizar nombres falsos, falsear su estado civil ante ciudadanos estadounidenses o volver a presentar solicitudes en múltiples ocasiones bajo identidades totalmente diferentes tras haber sido denegadas anteriormente.
Una mujer supuestamente adoptó un nombre falso tras haber sido denegada en 1995. Las autoridades indicaron que finalmente fue identificada después de que el Gobierno digitalizara antiguos registros de huellas dactilares en papel, lo que vinculó su identidad actual con una solicitud anterior que había sido rechazada.
Bonny Chu es redactora de noticias de última hora y de actualidad para Fox News Digital
