2 Niños de PENSILVANIA fueron encontrados desnutridos, cubiertos de picaduras de pulgas y durmiendo en el suelo
Una agencia de bienestar infantil en Pensilvania no protegió a los niños de horribles abusos y negligencia, permitiéndoles languidecer durante años en hogares invadidos por desechos y basura de animales, dijo un fiscal el martes al anunciar cargos penales contra cinco trabajadores sociales.
Tres trabajadores sociales y dos supervisores de la Oficina de Servicios para Jóvenes y Familias del Condado de Lackawanna en Scranton fueron arrestados por cargos graves de poner en peligro a los niños y no denunciar el abuso, días después de que las autoridades estatales rebajaran la licencia de la agencia del condado.
Los trabajadores sociales sabían que los niños vivían en condiciones peligrosas y deplorables, pero "en lugar de acudir al rescate, optaron por alejarse", dijo el fiscal de Distrito Mark Powell. En algunos casos, dijo, los trabajadores "falsificaron informes para hacer parecer que todo estaba bien cuando sabían que no lo estaba".
Un portavoz del condado de Lackawanna declinó hacer comentarios sobre las acusaciones, que involucran a ocho niños en tres hogares, o si se planearon reformas en la agencia de bienestar infantil.
En un caso, la policía acudió a una casa para recibir un informe de perros sueltos y encontró lo que los documentos judiciales describieron como una casa de los horrores: ventanas rotas, montones de basura,enjambres de ácaros o pulgas, paredes y pisos cubiertos de heces y orina de animales, y un "olor abrumador a heces, basura podrida, actividad de moscas y descomposición" que requería que un oficial usara un respirador.
Los niños en el hogar, de 9 y 10 años, estaban desnutridos, cubiertos de picaduras de pulgas y dormían en el piso sin almohada ni mantas. El niño más pequeño no estaba entrenado para ir al baño, según documentos judiciales.
La madre dijo que sabía que no estaba proporcionando un hogar seguro para sus hijos, y le dijo a la policía que había pedido ayuda en repetidas ocasiones e infructuosamente a la Oficina de Servicios para Jóvenes y Familias, según una declaración jurada policial.
Ella estaba "buscando desesperadamente ayuda, herramientas, tratamiento y servicios, que nunca llegaron", dijo la policía.
La semana pasada, luego de una inspección anual, el Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania degradó la licencia del condado a estado provisional y le ordenó que presentara un plan de corrección.
En respuesta a la inspección estatal, la Oficina de Servicios para Jóvenes y Familias trató de culpar a la policía de Scranton, a quien la agencia acusó de llevar a cabo una "investigación criminal con motivaciones cuestionables" sobre sus prácticas.
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"Los malos actores en el departamento de policía están utilizando rutinariamente amenazas e intimidación" para investigar a la agencia de bienestar infantil, dijeron funcionarios del condado en su respuesta formal. "El resultado principal de la investigación parece ser la denigración y difamación tanto de las personas en la agencia como de toda la misión, visión y práctica de la agencia."
Se dejó un mensaje al jefe de policía de Scranton, Thomas Carroll, en busca de una respuesta a las afirmaciones de la agencia.
La agencia del condado también culpó a la escasez de personal por algunos de los problemas, diciendo que estaba tratando de aumentar sus filas y tomar otras medidas para abordar las deficiencias identificadas en la inspección estatal.
Powell, el fiscal de distrito, dijo que la falta de personal no tenía nada que ver con el comportamiento criminal de algunos de los empleados de la agencia.
"Los niños en estos casos no pasaron desapercibidos porque OYFS carecía de personal. Estos casos estuvieron en el radar de la agencia durante mucho tiempo", dijo Powell, y agregó que las referencias provenían de vecinos, propietarios, maestros, inspectores de códigos, profesionales médicos y otros.
Dijo que el abuso y la negligencia que sufrieron los niños debido a la indiferencia de la agencia era "desgarrador e inaceptable."
Los acusados fueron identificados como Randy Ramik, de 59 años, de Clarks Green; Bryan Walker, de 51, de Eynon; Erik Krauser, de 45, de Dickson City; Sadie O'Day, de 34, de Scranton; y Amy Helcoski, de 50, de Scranton. Cada acusado fue liberado con una fianza no garantizada de $20,000 con una orden de regresar a la corte el próximo mes.
Los documentos judiciales no enumeraron abogados para ninguno de los acusados. Una mujer que contestó el teléfono en un número de Ramik colgó a un reportero. No se pudo contactar a los otros acusados.
